El impuesto inflacionario

El problema de la deuda

El Estado recauda unos 460.000 millones de euros al año, pero sus obligaciones financieras van mucho más allá de su capacidad recaudatoria. Anualmente, el Tesoro emite en torno a 285.000 millones de euros en nueva deuda bruta, una cifra que supera con creces toda la recaudación por IRPF.

Es habitual que la administración maquille la percepción de este agujero en las cuentas públicas usando el Producto Interior Bruto (PIB) como referencia. Cuando en las noticias escuchamos que el "déficit es del 3%", la opinión pública tiende a pensar que el Estado gasta apenas un 3% extra sobre lo que ingresa. Sin embargo, el déficit se establece respecto a todo el PIB del país, no respecto a la propia caja de la administración. Un déficit del 3% sobre el PIB es, en realidad, un gigantesco déficit neto cercano al 10% respecto a los ingresos reales que maneja el Estado. Ninguna familia ni empresa podría sobrevivir con un desajuste del 10% crónico entre sus ingresos y gastos.

A esta percepción distorsionada se le suma otro factor: la confusión entre el déficit público y las verdaderas necesidades de financiación. El déficit mide el desbalance entre los gastos e ingresos corrientes, pero no incluye pagar y devolver la inmensa cantidad de deuda antigua que caduca (amortizaciones). Por ello, cada año el Estado acude al mercado no solo a cubrir ese déficit del 10% de sus cuentas, sino a pedir prestado de nuevo dinero masivamente para pagar la deuda del ayer para no quebrar hoy, refinanciando así de forma continua.

Esta maquinaria depende de refinanciar constantemente unos 230.000 millones de euros al año. Para cualquier empresa o familia, este nivel de apalancamiento perpetuo sería crítico. Sin embargo, en la dinámica de las finanzas públicas, la inflación genera un beneficio estructural que alivia esta carga.

Cómo la inflación alivia las cuentas públicas

Cuando la inflación aumenta, el Producto Interior Bruto (PIB) nominal del país crece por efecto de la devaluación monetaria. Esto provoca que el volumen total de dinero sobre el que aplican los impuestos se expanda de forma automática, empujando la recaudación (IVA e IRPF) a máximos históricos. Sin embargo, la inmensa deuda que el Estado emitió en el pasado es una cantidad nominal totalmente fija.

De este modo, la inflación diluye el peso real de la deuda pública. Si el Estado debe 1.000 millones y la inflación es del 5%, sus ingresos fiscales crecerán en proporción a esos nuevos precios, pero la deuda a devolver seguirá siendo exactamente de 1.000 millones. En términos reales, la inflación ha evaporado parte de esa deuda. Esta mecánica convierte a la inflación en una transferencia silenciosa de riqueza desde los ahorradores y acreedores hacia el mayor deudor de la economía: el Estado.

El impuesto inflacionario y el retardo monetario

Cuando los Bancos Centrales deciden "monetizar" parte de esta deuda comprando bonos públicos masivamente con dinero de nueva creación (lo que se conoce como expansión cuantitativa o QE), diluyen el valor de todo el dinero existente en el sistema.

A menudo se asume que cuando el Estado emite deuda a 10 o 20 años, el coste íntegro de esa factura se está relegando para que lo paguen las generaciones futuras. Sin embargo, cuando parte de esa deuda es monetizada, se desencadena un efecto mucho más cercano. Aunque el impacto de la devaluación no es estrictamente instantáneo —pues la política monetaria no actúa de inmediato, sino con retardos largos y variables—, la factura no tarda dos décadas en llegar. Tarda apenas entre 12 y 24 meses en filtrarse salvajemente a la economía real y empujar al alza el coste de la vida.

De este modo, la carga de ese enorme endeudamiento público a "largo plazo" no recae sola y exclusivamente sobre nuestros hijos de forma diferida. Esa carga se materializa de forma inminente y aplastante sobre el poder adquisitivo presente de las familias, mermándolo considerablemente. Mucho antes de que el Estado siquiera empiece a devolver el principal del bono que emitió, los ciudadanos de rentas medias y bajas ya están pagando los platos rotos mes a mes en la caja del supermercado como consecuencia directa de esa devaluación de la moneda.

El Efecto Cantillon: Por qué es el impuesto más regresivo e injusto

La inflación no impacta a toda la sociedad por igual ni al unísono. El economista del siglo XVIII Richard Cantillon observó que el dinero de nueva creación no se distribuye de manera uniforme y simultánea en la economía. Quienes reciben primero este dinero (el Estado para sus presupuestos, los grandes contratistas financiados con déficit, los bancos) se benefician porque pueden gastarlo e invertirlo a los precios antiguos, antes de que estos suban. Para cuando este dinero "gotea" finalmente hacia los salarios de la clase trabajadora, los precios del supermercado y el coste de la vida ya se han encarecido. A este fenómeno de tremenda desigualdad monetaria se le conoce como el Efecto Cantillon.

Por esta razón, la inflación no es solo un impuesto en la sombra, sino que es inequívocamente el impuesto más altamente regresivo:

1. Destruye a las rentas bajas y medias: Las familias con menores ingresos destinan casi la totalidad de su salario vital al consumo de bienes básicos (energía, alimentación, vivienda), sufriendo directamente el alza de precios. Además, sus escasos ahorros suelen estar en efectivo o en depósitos bancarios de baja rentabilidad, unos activos líquidos que pierden poder adquisitivo irremisiblemente mes a mes.
2. Protege a las rentas altas: Quienes disponen de un gran patrimonio no suelen guardar su riqueza en cuentas corrientes, sino invertida en activos reales (bienes inmuebles, fondos de inversión, acciones de empresas) que, por lo general, tienden a revalorizarse y protegerse al mismo ritmo que la propia inflación.

La ilusión del "dinero gratis"

A menudo, la opinión pública celebra el anuncio de nuevos estímulos financieros o gigantescos programas de ayudas (por ejemplo, el anuncio de decenas de miles de millones de euros en fondos de resiliencia europeos) como si se tratara de riqueza llovida del cielo.

Es fundamental comprender que, en macroeconomía, el dinero gratis no existe. Estas inyecciones masivas se financian emitiendo nueva deuda conjunta que habrá de pagarse en el futuro mediante impuestos convencionales o, de ser finalmente monetizada y no respaldada por un aumento real de la productividad, a través de la pérdida generalizada de poder adquisitivo. Lejos de ser un regalo inmediato, es un impuesto inflacionario futuro o un endoso intergeneracional que, por su propia naturaleza económica, acabará recayendo de forma desproporcionada y aplastante sobre los hombros de la clase trabajadora.

La urgencia de equiparar el mínimo exento al coste de la vida

Todo este análisis nos lleva de forma inevitable al propósito central de esta plataforma: la imperativa necesidad de equiparar el mínimo personal y familiar exento de IRPF al coste real de la vida.

Si la inflación ya opera de facto como un impuesto colosal, silencioso y extremadamente regresivo que devalúa el poder adquisitivo de los hogares, mantener a su vez una fuerte presión fiscal a través del IRPF sobre el dinero destinado a la estricta supervivencia resulta una pinza asfixiante y jurídicamente confiscatoria.

Las familias de rentas bajas y medias están sufriendo un doble castigo. Por un lado, el endeudamiento público recurrente les expropia vía inflación su nula capacidad de ahorro al disparar el precio de la cesta de la compra. Por otro, el Estado se niega a ajustar (deflactar íntegramente) el mínimo vital en el IRPF para que refleje exactamente ese nuevo coste de vida.

En un escenario donde la devaluación del dinero empobrece sistemáticamente a la sociedad civil para aliviar el balance contable del Estado, proteger de los impuestos directos la renta mínima necesaria para vivir dignamente deja de ser una aspiración política y se convierte en una barrera de defensa básica. No podemos controlar imprimir dinero a discreción, pero sí podemos exigir que el mínimo exento se actualice de verdad frente a la inflación para garantizar el derecho fundamental a la simple subsistencia sin ser penalizados por Hacienda.